El Centro por los Estudios de Género y Refugio (CGRS) denunció este lunes que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir traslados de refugiados e inmigrantes a terceros países sin audiencia previa constituye una violación grave al debido proceso, al derecho internacional y a los principios fundamentales de humanidad.
La orden judicial – emitida el domingo 23 – autoriza al gobierno de Donald Trump a continuar enviando a solicitantes de asilo y personas migrantes a países distintos al suyo, incluso cuando existen riesgos fundados de persecución o tortura. Esta decisión, según el CGRS, “da luz verde” a una práctica que el actual gobierno ha venido ejecutando a pesar de órdenes judiciales previas que exigían una revisión legal adecuada antes de cualquier traslado.
“Es indignante que la Corte Suprema haya autorizado, aunque sea temporalmente, las acciones crueles e ilegales de la administración”, dijo Blaine Bookey, directora legal del CGRS, al reaccionar a la decisión. Bookey añadió que la práctica de transferencias a otros países “contraviene los derechos de debido proceso, las obligaciones legales internacionales de EUA y principios básicos de decencia humana”.
Los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson manifestaron su desacuerdo con la resolución mayoritaria. En su voto disidente, expresaron que la orden “recompensa la ilegalidad” y advirtieron que el gobierno “ya se siente libre de actuar sin restricciones legales”.
“El fallo de esta semana solo alentará a la administración a escalar su crueldad”, agregó Bookey. “Más personas serán enviadas a países donde corren grave peligro. Más familias serán separadas y traumatizadas. Y más ciudadanos nos preguntaremos hasta dónde permitirán los tribunales que llegue esta cruzada contra el derecho al debido proceso”.
A inicios de junio, el CGRS había presentado un amicus curiae (escrito de terceros) ante la Corte Suprema, solicitando que no se permitieran traslados a terceros países en los que existan riesgos sustanciales de persecución y tortura, lo cual, afirmó, representa una “violación flagrante del derecho nacional e internacional”.
El Centro también ha publicado un documento informativo titulado “Terceros países: Protecciones legales y preocupaciones sobre el cumplimiento”, en el que explica los marcos jurídicos aplicables, los límites legales y las garantías procesales que deben cumplirse antes de ejecutar un traslado de esta naturaleza.
