Nos sumamos a los llamados nacionales e internacionales sobre las graves detenciones contra personas defensoras de derechos y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y su reglamento de ejecución, que reflejan un deterioro acelerado de las libertades y los derechos de los salvadoreños, lo que dificulta la construcción de una sana convivencia nacional y un próspero futuro para las familias salvadoreñas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por las detenciones de líderes comunitarios de la Cooperativa El Bosque durante una vigilia convocada con el objetivo de visibilizar el riesgo de desalojo de más de 300 familias. También la CIDH urgió a las autoridades a respetar los derechos de la jefa de la unidad anticorrupción y justicia de la organización no gubernamental Cristosal, así como del abogado constitucionalista Enrique Anaya. Asimismo, la Comisión ha señalado múltiples detenciones de abogados dedicados al área penal y defensoras de personas detenidas durante el régimen de excepción, y con variadas denuncias de abusos en las cárceles.
Esta entidad internacional es tajante al señalar que “frente a las alegaciones sobre el uso indebido del derecho penal con el posible fin de intimidar, castigar o impedir las actividades de defensa de derechos humanos, la CIDH llama al Estado a abstenerse de incurrir en esta práctica y asegurar que las personas defensoras puedan ejercer sus labores en un ambiente libre de cualquier tipo de intimidación.”
El uso del derecho penal contra libertades individuales, como la libre expresión, o colectivas, como el derecho de asociación o la protesta pacífica, es sumamente preocupante, especialmente en esta situación de un continuado régimen de excepción constitucional y una depuración de la judicatura, generando serias preocupaciones sobre las posibilidades reales de defenderse frente a las acusaciones estatales.
Es así como múltiples entidades exponen con preocupación los testimonios de detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos cometidas por algunos funcionarios de la Policía Nacional Civil y la Dirección de Centros Penales, y la limitación autoimpuesta por el mismo Órgano Judicial al incurrir en figuras procesales para evitar conocer de estos casos y así limitar su actuación como contralor constitucional de la administración pública.
Precisamente, como un ejemplo de la importancia de la independencia judicial, debido al Órgano Judicial de Estados Unidos de América, el señor Kilmar Abrego García ha visto modificada su situación de privación de libertad en El Salvador, dado que pudo regresar a Estados Unidos para resolver su situación legal siguiendo los procesos judiciales y administrativos correspondientes. Esta situación debería servir como un precedente para las instituciones locales sobre la necesidad y urgencia de corregir las demás violaciones constitucionales.
El contexto se agrava debido a la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que podría limitar el funcionamiento legítimo de organizaciones de la sociedad civil y el espacio cívico en el país. Por ello, entidades de cooperación han hecho llamados a revisar su contenido, o incluso a su derogación, quienes desde el inicio de su discusión en 2021 han solicitado su no aprobación debido a las graves limitaciones a las libertades.
Nuestra preocupación se debe a la convicción de que el respeto a los derechos y las libertades es fundamental para la construcción de un futuro más justo y basado en la dignidad de la persona humana.
