Debo empezar desaprobando y condenando el caos, violencia y pillaje que reinaron los pasados jueves y viernes en Bocas del Toro. Lejos de ser una salida, ha agudizado la crisis a niveles desconocidos. Y esa masa humana que sembró el terror ya no tiene un líder, porque está en la cárcel. El Gobierno rompió el canal de comunicación con esa gente, ya que el único que existía estará, al menos, seis meses en la Nueva Joya: Francisco Smith está incomunicado y fue llevado a Panamá con ese propósito.
Insistiendo en que no comparto este tipo de protesta, describiré la realidad de las comarcas y zonas marginadas –como Bocas del Toro– con datos de un diagnóstico que realizó el Grupo del Banco Mundial y publicado en septiembre de 2023. La raíz de todo es la desigualdad, que los gobiernos maquillan, pero que desde hace tres años empezó a mostrar sus ocultos colmillos. Según el documento aludido, entre las causas de la desigualdad figuran “la profunda privación en los hogares en las comarcas indígenas, las debilidades de las instituciones del sector público… y las limitaciones en las instituciones que gestionan programas sociales y de infraestructura”. Aunque la tasa de pobreza ha bajado 15 puntos en las comarcas, aún es una vergüenza: 70% de pobreza. En parte se debe “a la insuficiente cobertura y calidad de la inversión pública en educación”. Tan grave es, que nuestra educación empezó a perder valor laboral. La evidencia sugiere que ello se debe “a una disminución en la rentabilidad de la educación durante las últimas dos décadas, lo que refleja el debilitamiento de la calidad de la educación superior, un creciente desajuste entre los planes de estudio y las exigencias delmercado laboral”.
Es decir, Panamá deja de formar profesionales cualificados, para crear solo mano de obra no calificada. Los estudiantes rurales se llevan la peor parte: “Asisten a escuelas con infraestructura más deficiente y menos materiales de aprendizaje, y deben recorrer distancias más largas para ir y volver de la escuela”, lo que aumenta la deserción y provoca “los peores resultados de aprendizaje entre esos estudiantes”, mientras que, en general, los estudiantes panameños “obtienen los peores resultados en las pruebas estandarizadas internacionales”.
La salud no es la excepción. “A niv, la esperanza de vida es de 78 años, pero en las regiones indígenas es de tan solo 70 años. Las tasas de mortalidad infantil y retraso del crecimiento también son más altas en las comarcas, así como en las regiones rurales de alta pobreza de Darién y Bocas del Toro”.
“Panamá presenta algunos de los indicadores de desigualdad étnica más extremos de la región […] Los 424,330 habitantes de las comarcas y otras zonas rurales se encuentran rezagados respecto de otros grupos en diversos indicadores monetarios y no monetarios de bienestar, los cuales presentan los peores indicadores promedio de educación y acceso a servicios básicos, como agua, saneamiento y electricidad”.
“El 90% de los hogares [en las comarcas] carece de acceso a carreteras de calidad y el 55% no tiene acceso a internet… […] En varias comarcas, casi ningún hogar tiene acceso a electricidad. Además, las tasas de acceso al saneamiento varían desde menos del 50% en las comarcas hasta poco menos del 80% en Darién y Bocas del Toro, y superan el 90 % en otras provincias”. En algunas zonas, “menos del 35% de la población indígena tenía acceso a agua potable”. Y a propósito del tema en Azuero, el documento revela que “en 2022, la calidad del agua de Panamá ocupó el puesto 100 entre 180 países, el más bajo de América Latina y el Caribe”, debido, entre otras, a labores agrícolas y minería.
Encima, la distribución del presupuesto estatal “exacerba las disparidades”. “El presupuesto de las provincias es 58 veces mayor que el de las comarcas, pese a que la población provincial es solo 16 veces mayor”, apunta el estudio. Los políticos han sido incapaces de visualizar las causas de esta crisis. Para ellos, los que protestan son villanos, terroristas y delincuentes, pero ¿qué hay de su inhumana realidad, ignorados y olvidados por los políticos desde siempre?
Sin interlocutores para hablar con ellos, el Gobierno solo atina a endurecer la crisis, suspendiendo garantías constitucionales, siendo esta la primera vez desde 1990. Hoy, los ciudadanos de Bocas pueden ser detenidos sin orden judicial, sin que se presuma su inocencia y sin defensa legal; se suspendieron el habeas corpus, la inviolabilidad de sus casas, sus libertades de expresión, manifestación y movilización, y sus comunicaciones pueden ser intervenidas. ¿Estas medidas terminarán con la insatisfacción y el resentimiento contenido durante décadas de olvido?
