Mi visión del Estado panameño se fundamenta en el fortalecimiento institucional. Estoy convencido de que la única manera real y sostenible de lograrlo es mediante la profesionalización del sector público.
Durante años, hemos sido testigos del crecimiento desproporcionado de la planilla estatal. No es un secreto que muchos cargos públicos se han convertido en moneda de cambio entre políticos y ciudadanos. Esta práctica ha perpetuado el clientelismo y, en algunos casos, ha fomentado la corrupción dentro del aparato estatal, afectando gravemente la institucionalidad y la calidad de los servicios que recibe la población.
Con esa convicción, desde el primer día en que asumí el reto de postularme como candidato a diputado, llevé a cada rincón de mi circuito una propuesta clara y firme: la necesidad de profesionalizar el sector público mediante una reforma profunda e integral de la Ley de Carrera Administrativa.
Al llegar a la Asamblea Nacional, convertí esa propuesta en mi primera misión. Me propuse iniciar el camino hacia lo que considero será el legado más importante de mi gestión como diputado. Comencé reuniéndome con los actores clave del tema, con el objetivo de comunicarles mi intención de conformar una mesa de trabajo interinstitucional que integrara a todos los sectores relevantes para construir una propuesta legislativa capaz de transformar el sistema de administración de recursos humanos del Estado panameño.
La mesa de trabajo se instaló el 26 de agosto de 2024, con la participación activa e ininterrumpida de la academia —representada por la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá—, la Procuraduría de la Administración, la Dirección General de Carrera Administrativa, FENASEP, CONATO, expertos independientes, la Cámara de Comercio y APEDE. El consenso fue contundente: el sistema necesita una reforma estructural, no más parches. Se debe romper con la tradición de reformas diseñadas para proteger nombramientos políticos de turno.
La conclusión fue clara: para garantizar verdadera autonomía y excluir la política de la contratación pública, es necesario modificar la estructura institucional que vela por la gestión del recurso humano estatal. Se propone que la Dirección General de Carrera Administrativa deje de estar bajo el Ministerio de la Presidencia y se transforme en un ente autónomo: el Instituto Nacional de Administración Pública.
Como diputado, no tengo la facultad constitucional para reorganizar o crear instituciones dentro del organigrama del Estado. El artículo 159, numeral 12 de la Constitución reserva esa competencia al Órgano Ejecutivo. Por ello, luego de seis sesiones de trabajo que concluyeron el 13 de junio de 2025, decidimos entregar formalmente el borrador del proyecto de ley al Ejecutivo, a fin de que, una vez aprobado en Consejo de Gabinete, pueda ser presentado ante la Asamblea Nacional.
Este proyecto no solo contempla la reestructuración institucional y la creación del nuevo Instituto, sino también un nuevo paradigma para ingresar al servicio público: concursos basados en mérito y capacidad, no por influencias políticas o personales.
Además, se acordó incorporar una evaluación anual obligatoria del desempeño de todos los funcionarios, como herramienta clave para mejorar la calidad del servicio, promover la excelencia y fortalecer la rendición de cuentas en la gestión pública.
Sé que este proyecto incomodará a muchos. Incomodará a quienes, por años, han convertido los cargos públicos en feudos personales, y a quienes han utilizado el Estado como instrumento para perpetuar estructuras clientelistas y alimentar ambiciones políticas. Pero también sé que no podemos seguir construyendo un país sobre las bases del favoritismo, la improvisación y el oportunismo.
Quienes de verdad aman a Panamá, quienes sueñan con un futuro más justo, con instituciones fuertes, con oportunidades que no dependan de a quién conoces, sino de lo que vales, entenderán lo que está en juego. Este no es solo un proyecto de ley: es una apuesta por un nuevo pacto entre el Estado y sus ciudadanos, por un servicio público que inspire orgullo y no desconfianza, que sirva al país y no a intereses personales.
A ellos —a ustedes— les pido su apoyo. Que alcen la voz, que vigilen, que exijan. Que no dejemos pasar la oportunidad de avanzar decididamente hacia la transformación que tanto anhelamos. Este proyecto no es mío: es de todos los panameños que creen que sí es posible hacer las cosas bien. Que creen que un mejor país sí es posible, y que están dispuestos a luchar por él.
El autor es diputado independiente.
