El Salvador cuenta con una importante tradición de defensores de derechos humanos que se explica desde la incapacidad de los sucesivos administradores del Estado de satisfacer sus aspiraciones más elementales. Por una serie de motivos que no son inteligibles sin el suficiente contexto histórico, la nación coronó apenas de manera mediocre en diversos estadios el ideal de libertad e igualdad para todos los ciudadanos recogido desde su primera constitución política, la de 1824.
Pese a que el Estado se irguió como poder indiscutido y los funcionarios de turno nunca fueron ambiguos acerca de su disposición a hacer uso de la fuerza para consumar sus decisiones, la sociedad encontró una y otra vez el valor para organizarse, expresar sus ideas y manifestarse pacíficamente contra los abusos de los verdaderos poderes nacionales y contra las injusticias. Y también, de modo recurrente, el hermético diseño del sistema orilló a algunas expresiones populares hacia la violencia, entiéndase los levantamientos indígenas de 1833 y 1846, la revuelta comunista y posterior etnocidio de 1932 y el conflicto armado de fines del siglo XX.
Ese saldo cruento no debe confundir al observador: la historia nacional es pródiga en pacifistas, en ciudadanas y ciudadanos que, con vocación humanista, dotados de empatía y de lucidez, entendieron los afanes de su momento histórico, recogieron la voz de los sectores excluidos de la toma de decisiones y, exponiéndose a represalias de toda índole, se ofrecieron como puente de entendimiento, como pararrayos de las presiones y como vehículo para la denuncia. Ellas y ellos —religiosos, activistas, abogados, periodistas, artistas, profesionales de los más variados conocimientos y áreas—, los que a lo largo de la joven historia de El Salvador promovieron y protegieron los derechos humanos y las libertades fundamentales de manera pacífica, han sido tan importantes para la república como cualquiera de sus más caras instituciones.
Todas y todos ellos debieron enfrentarse a fuerzas muy potentes, porque en países como este la institucionalidad es débil, la fiscalización es pobre, hay una cultura política clientelista y la acumulación originaria de capital prácticamente nunca termina; el resultado en estos dos siglos fue el montaje de estructuras de violación de derechos humanos sistemática para proteger y facilitar la agenda de distintos sectores una y otra vez. Aunque los actores cambiaron de una década a la otra y de una centuria a la siguiente, el modo de ejercer el poder, de relacionarse con el gobierno desde esas esferas y de acercarse al Estado en búsqueda de impunidad permaneció inalterable. Es una de las amenazas consistentes que la democracia salvadoreña enfrentó en la contemporaneidad.
La única manera en la que una nación sometida a tales presiones y, cada cierto tiempo, desencantada del Estado, no recurra constantemente a la violencia es a través del influjo inspirador y esperanzador de esas y esos ciudadanos especiales, distintos, valientes, hijos de su tiempo pero superiores a sus circunstancias, que dicen lo que todos creen pero a lo que pocos se atreven, que exigen a los funcionarios estar a la altura de la gente, que hacen vibrar corazones y mentes con su palabra de consuelo y demanda.
Por eso El Salvador les debe tanto, por eso la paz les debe tanto y por eso incluso aquellos que los persiguen sin comprender que el servicio que las y los defensores de derechos humanos brindan no los discrimina ni siquiera a ellos, en honor a las garantías que necesitarán en el futuro, les deben tanto.
