Durante el paro indefinido de docentes iniciado el 23 de abril, en rechazo a la Ley 462 que reformó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social, la ministra de Educación, Lucy Molinar, emitió una serie de declaraciones públicas. Aunque defendió la institucionalidad y el derecho a la educación, sus afirmaciones no siempre coincidieron con la realidad que vivían los centros educativos del país.
El lunes 16 de junio, Molinar sorprendió al admitir que “el año escolar está en riesgo de perderse si los docentes no regresan el próximo lunes 23 de junio”. Esta declaración contrasta con su insistente narrativa de que la mayoría de las escuelas operaban con normalidad y que se garantizaría la recuperación del tiempo perdido.
Molinar advirtió que el año escolar podría estar en peligro si los docentes que aún se mantienen en huelga no regresan a las aulas el próximo lunes, cuando inicia el segundo trimestre del calendario académico.
“A partir del lunes, ya tenemos que comenzar a tomar medidas, que es lo que no queremos hacer. Hubiéramos querido que la conciencia imperara, pero nos toca tomar medidas. Tenemos que asegurarnos de que cada niño tenga en su aula un docente. Es nuestra responsabilidad y tenemos que hacerla cumplir porque, a partir del lunes, entra en peligro el año escolar”, enfatizó.
La ministra subrayó que la educación es un derecho y que el compromiso del Gobierno es garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a sus clases.
A finales de abril y comienzos de mayo, Molinar aseguró en entrevistas en medios televisivos que la mayoría de los centros educativos estaban operando con normalidad, mencionando incluso cifras como un 87% de asistencia en distritos como San Miguelito.
Sin embargo, gremios magisteriales y varios reportes señalaron que la mayoría de los planteles se encontraban cerrados o funcionando parcialmente.
El 6 de mayo, la ministra afirmó públicamente que no habría represalias para los docentes que retomaran las clases, buscando incentivar el retorno a las aulas. No obstante, desde el inicio del paro (23 de abril), Molinar había anunciado que el Meduca “haría cumplir la ley sin excepciones”.
En varias intervenciones, Molinar indicó que estaba dispuesta a dialogar con los gremios. Sin embargo, el 29 de mayo acusó a algunos grupos docentes de estar “manipulados por intereses desestabilizadores” y señaló que muchos argumentos del paro estaban “diseñados para infundir miedo con información falsa”. Estas declaraciones tensaron aún más las relaciones con los gremios, que interpretaron el señalamiento como una falta de voluntad real para negociar.
Molinar denunció el 21 de mayo que varios docentes habían sido intimidados por sus propios compañeros por no sumarse al paro, afirmando que “no es justo sacrificar a los estudiantes por causas que no les pertenecen”.
En uno de los episodios más tensos del conflicto, registrado en video por televisoras y redes sociales, Molinar tuvo que abandonar por una puerta trasera una escuela, el Instituto Profesional y Técnico (IPT) México-Panamá, en Panamá este.
Las múltiples declaraciones de la ministra Lucy Molinar durante el paro docente dejaron en evidencia una narrativa oficial marcada por contradicciones. Desde la minimización del impacto del paro hasta acusaciones de manipulación sin pruebas claras, su manejo comunicacional fue cuestionado por carecer de coherencia y sensibilidad frente a una de las crisis educativas más prolongadas del país en años recientes.
La admisión de que “el año escolar está perdido” no solo refuerza el argumento de los gremios sobre la gravedad del conflicto, sino que también evidencia una desconexión entre las afirmaciones iniciales del Gobierno y la evolución real del escenario educativo.
A pesar de sus esfuerzos por retomar la normalidad en las aulas, las inconsistencias en su discurso contribuyeron a la desconfianza entre los gremios y la comunidad educativa, alejando más una solución efectiva y sostenible al conflicto.
Falta de cifras claras y sanciones masivas
Hasta el momento, no existen cifras oficiales actualizadas que detallen con precisión el número total de escuelas cerradas ni la cantidad exacta de docentes que no han estado brindando clases durante el paro nacional iniciado el 23 de abril de 2025.
El Ministerio de Educación (Meduca) había reportado que, en general, las clases se desarrollaba con regularidad en la mayoría de los centros educativos del país. Sin embargo, se han observado variaciones significativas en la asistencia tanto de docentes como de estudiantes, dependiendo de la región y el nivel educativo.
Por ejemplo, en la provincia de Panamá Oeste, se informó que el 60% de los docentes continuaron impartiendo clases, mientras que la asistencia estudiantil fue del 50%, especialmente en el nivel primario.
En el Centro Educativo de Las Uvas, en el distrito de San Carlos, solo cuatro docentes voluntarios atendieron a estudiantes de cuarto y quinto grado, cubriendo temporalmente la ausencia del resto del personal.
Por otro lado, la viceministra de Educación, Agnes De León, mencionó que, de las 3,112 escuelas públicas en el país, algunas operaban al 100%, otras al 40% o al 60%, pero todas mantenían sus puertas abiertas. Esta información sugiere que, aunque la mayoría de las escuelas permanecieron abiertas, el nivel de funcionamiento varió considerablemente entre ellas.
Mientras tanto, la Contraloría General de la República adelanta una de las decisiones más controvertidas del año: más de 30 mil docentes no recibirán salario en la próxima quincena.
La medida, sin precedentes en su escala, es el resultado de una extensa auditoría que busca frenar el pago de salarios a docentes del sector oficial que no han asistido a sus puestos de trabajo en medio de una paralización que mantiene al sistema educativo al borde del colapso.
“Hoy son más de 17 mil. Pero la próxima quincena serán más de 30 mil los docentes que no cobrarán”, señaló el contralor Anel Flores en una entrevista con La Prensa. “Este proceso no se detiene. Seguimos auditando escuela por escuela”, agregó.
A pesar del descontento de los gremios magisteriales, Flores expresó que es una obligación legal. “No se puede pagar por un trabajo que no se ha hecho. Y la ley me prohíbe malgastar fondos públicos”, explicó. “El que no trabaja, no cobra”, remarcó.
En resumen, el paro docente y la respuesta gubernamental, marcada por contradicciones y medidas controvertidas, reflejan la complejidad de un sistema educativo al borde del colapso. La transparencia en cifras, un diálogo abierto y una comunicación coherente serán fundamentales para avanzar hacia una solución que respete los derechos tanto de docentes como de estudiantes.
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