El Ministerio Público mantiene en trámite un total de 22 denuncias y cuatro querellas relacionadas con el manejo de fondos del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), que involucran afectaciones por un monto de $8,239,422.
Las denuncias y querellas abarcan un total de 22 proyectos realizados por Conades en diversos puntos del país, relacionados con irregularidades en la asignación de contratos y en la terminación de las obras.
Ayer el Ministerio Público realizó una inspección ocular en varios proyectos de Conades que se desarrollan en la provincia de Colón y sobre los cuales se presentaron acciones legales por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos.
En esa provincia se diligencian tres investigaciones: una por denuncia de Conades y otras dos de oficio, luego de que la Contraloría General de la República enviara al Ministerio Público informes de auditoría por anomalías en el manejo de fondos asignados para obras en esa provincia.
Se trata de contratos relacionados con el Programa de Sanidad Básica que se desarrollaron en esa provincia entre los años 2014 y 2019.
En abril de 2024, la Fiscalía Anticorrupción imputó cargos a tres personas por la presunta comisión de peculado, y un juez de garantías les aplicó las medidas cautelares de notificación periódica e impedimento de salida del país.
Según la fiscalía, los imputados malversaron fondos entregados para el Programa de Sanidad Básica.
En noviembre de 2024, el director de Conades, Antonio Tercero González, quien compareció ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional por una serie de traslados de partidas, denunció que su despacho investigaba varios contratos de adelanto relacionados con el Programa de Sanidad Básica.
En esa ocasión, Tercero precisó que uno de los puntos más críticos era el monto total estimado de las pérdidas para el Estado: aproximadamente $16 millones en anticipos no justificados y desembolsados en contratos cuyo avance fue nulo.
En 2019, la Fiscalía de Cuentas también pidió investigar el destino de los fondos entregados al Programa de Sanidad Básica, por lo que la Contraloría inició una serie de auditorías sobre este programa.
Ese mismo año se presentaron una serie de denuncias ante la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información contra funcionarios de Conades por violación de la conducta ética como servidores públicos dentro del Programa de Sanidad Básica.
El Programa de Sanidad Básica fue una de las promesas de campaña del expresidente Juan Carlos Varela, con el cual se pretendía entregar 300 mil unidades sanitarias, pero solo se alcanzó la entrega de unas 215 mil, y era gestionado por Conades y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
A Conades le correspondía gestionar la construcción de unos 85 mil baños, con una inversión de al menos $238 millones, en función de un costo unitario estimado en $3 mil. Al Miviot le correspondía el resto del programa (215 mil baños).
Sin embargo, el programa encontró dificultades con el suministro de agua potable para la instalación de los baños.
Conades es un organismo adscrito a la Presidencia de la República, creado por el Decreto Ejecutivo No. 163 del 25 de noviembre de 1996, del Ministerio de la Presidencia.
Conades trabaja en tres niveles: local, nacional e internacional. Su modalidad de cooperación es descentralizada y promueve las relaciones entre las comunidades locales y sus contrapartes en otros países. Este mecanismo brinda la oportunidad de intercambiar soluciones novedosas y de crear redes de intereses comunes, incluidas, entre otras, la sostenibilidad de los servicios y la protección del ambiente.
En septiembre de 2020, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, a través del Decreto Ejecutivo No. 588 del 23 de septiembre de ese año, Conades y la Unidad Coordinadora y Ejecutora de los Programas de Desarrollo Sostenible (UCEP) quedaron bajo el paraguas del Ministerio de Ambiente.
