En una encuesta realizada por la Universidad de Texas se consulta a académicos de todo el mundo sobre esta posibilidad. Una idea sorprendente por donde se la mire, si consideramos la velocidad de maduración que ha tenido la inteligencia artificial desde su presentación pública en torno a 2022.
En el contexto actual, la IA ya participa en la toma de decisiones políticas, administrativas y sociales. Me atrevería a asegurar que, a estas alturas, son pocos los consultores que se animan a proponer soluciones sin antes haberlas pasado —aunque sea brevemente— por una IA. No resulta extraño que, en los países con una industria tecnológica desarrollada, cada vez sean menos los espacios gubernamentales donde esta herramienta está ausente. Incluso en nuestro país, antes de su implementación y regulación efectiva, su aplicación parece inminente. Un ejemplo de ello es el Código Procesal Civil (artículo 172), que autoriza el uso de esta tecnología, a pesar de que en la actualidad no existe ni un atisbo de ella en las plataformas del Órgano Judicial.
Entonces, ¿puede la IA escribir nuestra próxima constitución? La respuesta más corta es: no. Pero esta respuesta requiere matices. En los años por venir —o incluso en este mismo momento— organismos como la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac) podrían utilizar IA para identificar la dualidad de funciones en las instituciones públicas panameñas, los conflictos normativos en la legislación administrativa, e incluso —con un conjunto de datos robusto, como un Manual de Organización del Sector Público actualizado— proponer cambios, fusiones o eliminaciones requeridas para reducir el tamaño de la burocracia estatal y liberar fondos públicos actualmente destinados a rubros improductivos.
Siguiendo esta línea, es importante señalar que, al menos hoy por hoy, la IA no podría ser un constituyente más en el sentido formal, ya que su comprensión de los aspectos éticos y morales innatos a la naturaleza humana representa una barrera difícil de franquear. Aun así, la IA podría desempeñar un papel crucial de apoyo. Su aplicación en el proceso constituyente permitiría identificar las principales falencias de nuestra actual constitución a partir de un análisis comparado con otras cartas magnas. También podría usar los fallos de la Corte Suprema y de organismos supranacionales de derechos humanos para enriquecer garantías como el debido proceso. Además, podría recolectar, ordenar y sistematizar propuestas ciudadanas destinadas a mejorar la transparencia institucional, las libertades civiles o el fortalecimiento del régimen democrático.
Parafraseando al magistrado Olmedo Arrocha en su más reciente conferencia en el Tribunal Electoral: las políticas públicas no son el rubro exclusivo de unos cuantos; requieren interdisciplinariedad para alcanzar su cometido de manera efectiva. En pocas palabras, algo del constitucionalismo se escapa de los abogados y se acerca más a los ingenieros.
Quedan muchas reflexiones pendientes en este campo. Como sociedad, nos acercamos cada vez más a preguntas fundamentales: ¿cuál es la legitimidad de actos construidos —al menos en parte— por máquinas? ¿Hasta qué punto podremos tolerar esta deshumanización de la ley y del trabajo? ¿Por cuánto tiempo la ética seguirá estando fuera del alcance de la IA?
Como en todos los grandes temas, aquí también son más importantes las preguntas que las respuestas.
El autor es consultor en temas legales, parlamentarios y políticos.
