La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de
Kirchner, dos veces presidenta de la nación, actual titular del Partido Justicialista,y principal figura opositora al gobierno de Javier Milei. Con esta decisión se consuma su proscripción política, en una jugada jurídica que no sorprende: era una sentencia escrita desde el poder real.
Este hecho debe leerse en clave regional. Forma parte de una estrategia sistemática de dominación en América Latina: el uso de la guerra jurídica –lawfare– como herramienta central de una guerra multidimensional. Ya no se necesitan tanques ni golpes militares: hoy, el poder actúa en red, combinando operaciones judiciales, mediáticas, económicas y cognitivas, para desarticular proyectos populares.
La guerra multidimensional –también llamada guerra híbrida o de quinta generación– incluye presiones económicas, campañas de desinformación, manipulación de redes sociales, intervenciones judiciales y ataques a la subjetividad colectiva. En ese contexto, el lawfare cumple una función clave: judicializar la política y criminalizar a los liderazgos que disputan el modelo neoliberal.
Argentina no es una excepción, sino parte de una secuencia regional. De Hugo Chávez en Venezuela (2002) a Lula en Brasil (2018), pasando por Fernando Lugo, Rafael Correa, Evo Morales, Dilma Rousseff, Jorge Glas, Daniel Jadue o Francia Márquez, se trata de una ofensiva sistemática: derribar a quienes encarnan proyectos de soberanía, unidad regional y justicia social. En muchos casos, como en Venezuela y Cuba, el lawfare se articula con bloqueos económicos y medidas coercitivas unilaterales.
CRISTINA Y EL DISPOSITIVO DE PROSCRIPCIÓN
Cristina Fernández de Kirchner enfrentó 12 causas judiciales. De todas, la denominada Causa Vialidad fue seleccionada como eje de una operación cuidadosamente orquestada. En ella confluyeron fiscales militantes (Luciani y Mola), jueces vinculados al macrismo (Gorini, Giménez Uriburu, Basso), medios hegemónicos que montaron climas de condena anticipada, plataformas digitales que amplificaron el odio y la desinformación.
La Cámara de Casación, con jueces cercanos al macrismo (Hornos, Borinsky, Barroetaveña), anticipó su fallo a medios antes de publicarlo, violando el secreto deliberativo. La sentencia quedó finalmente en manos de una Corte integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, cuya legitimidad está fuertemente cuestionada.
La causa tuvo irregularidades graves: se negó el peritaje integral de las obras viales, se rechazó la recusación por vínculos probados con actores políticos, y la Corte Suprema ni siquiera abrió la instancia de revisión.
La formación judicial promovida por ee. uu. a través de instituciones como la ilea (International Law Enforcement Academy) construyó redes de jueces y abogados alineados a la estrategia de la guerra por la vía judicial.
Las conexiones entre jueces, fiscales, empresarios y dirigentes opositores son parte estructural del mecanismo de lawfare. El viaje a Lago Escondido (tierra del millonario Joe Lewis), protagonizado por jueces federales, funcionarios porteños, directivos del Grupo Clarín y empresarios, reveló el nivel de colusión entre el poder judicial y los grupos mediáticos.
A eso se sumó el grupo en la plataforma Telegram, en la cual los mismos protagonistas articulaban estrategias, se repartían favores, coordinaban declaraciones públicas y ocultaban pruebas. La existencia de este grupo de chats –filtrados y luego confirmados– evidenció que no se trata de «manzanas podridas», sino de una estructura organizada de persecución política que opera con impunidad y complicidad empresarial.
Todo esto refuerza la idea de que en Argentina no hay independencia judicial: hay un sistema judicial que actúa como brazo ejecutor del poder económico concentrado y de los intereses de la oligarquía argentina y sus alianzas geopolíticas alineadas a Estados Unidos.
NO ES SOLO CRISTINA: ES EL PROYECTO POPULAR LO QUE BUSCAN ELIMINAR
La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner no es un hecho aislado: es el poder real funcionando como mecanismo de control político. Es la nueva forma del bombardeo a Plaza de Mayo, el nuevo exilio, el nuevo golpe. El lawfare reemplaza al fusil, pero su objetivo es el mismo: desmantelar toda posibilidad de soberanía política, económica y cultural.
Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) representaron mejoras concretas para la clase trabajadora y una política exterior basada en la integración regional, en sintonía con el ideario de Bolívar, San Martín y Martí. Desde entonces, su figura encarna un proyecto que el poder económico y financiero no está dispuesto a tolerar.
Cristina no ha dejado de denunciar el brutal endeudamiento con el fmi, impulsado por el actual ministro Caputo durante el gobierno de Macri, y hoy profundizado por Javier Milei. El costo de esa coherencia política ha sido altísimo: la condena, la inhabilitación, el intento de asesinato.
Pese a todo, Cristina sigue de pie. «No fui ni seré nunca mascota del poder», afirmó. Su figura sigue siendo una referencia política y emocional para millones de personas que no resignan la memoria de los años más felices, ni abandonan la lucha por una patria justa, libre y soberana.
La historia demuestra que los pueblos no olvidan. Y que las sentencias pueden ser un arma, pero las luchas no proscriben.
*Directora de la agencia argentina Nodal
