En una pequeña escuela cerrada en el interior de Veraguas, los pupitres están cubiertos de polvo y los pasillos vacíos desde el 23 de abril, cuando comenzó el paro de docentes en rechazo a la Ley 462. En la pizarra aún se lee un tema de Ciencias Naturales que no llegó a impartirse.
Mientras tanto, en la ciudad capital, la Contraloría General de la República adelanta una de las decisiones más controversiales del año: más de 30 mil docentes no recibirán salario en la próxima quincena.
La medida, sin precedentes en su escala, es el resultado de una extensa auditoría que busca frenar el pago de salarios a docentes del sector oficial que no han asistido a sus puestos de trabajo en medio de una paralización que mantiene al sistema educativo al borde del colapso.
“Hoy son más de 17 mil. Pero la próxima quincena serán más de 30 mil los docentes que no cobrarán”, señaló el contralor Anel Flores en una entrevista con La Prensa. “Este proceso no se detiene. Seguimos auditando escuela por escuela”, agregó.
A pesar del descontento de los gremios magisteriales, Flores expresó que es una obligación legal. “No se puede pagar por un trabajo que no se ha hecho. Y la ley me prohíbe malgastar fondos públicos”, explicó. “El que no trabaja, no cobra”, remarcó.
Estas declaraciones llegan luego de semanas de tensiones entre el Ministerio de Educación (Meduca), los gremios docentes y la Contraloría, en un escenario donde las cifras revelan una realidad desconcertante: decenas de miles de educadores habrían continuado en planilla pese a no cumplir con su labor docente.
Escuelas sin clases, registros falsificados y directores en paro
Según explicó Flores, los hallazgos de la auditoría revelan un problema sistémico que va mucho más allá de la simple ausencia del personal docente. Entre las irregularidades detectadas se encuentran: directores que falsifican las hojas de asistencia, docentes que marcan presencia pero no imparten clases, centros educativos con cadenas en las puertas, sin alumnos ni personal, y amenazas a estudiantes y padres para que no asistan a clases.
“El Meduca está secuestrado por los gremios. Los directores, que son quienes deben reportar la asistencia, también están en paro desde el 23 de abril y no colaboran. Por eso hemos asumido nosotros el control de las auditorías”, expresó el contralor.
Docentes que admiten no trabajar, pero siguen cobrando
Flores fue más allá y denunció que algunos docentes han confesado no haber trabajado durante la huelga, pero aun así continuaron recibiendo su salario.
“Eso es confesión de parte. Si cobraron sin trabajar, eso es peculado. Y tendrá consecuencias”, advirtió.
Esta situación abre la puerta a posibles procesos legales, además de medidas administrativas que podrían afectar incluso a dirigentes gremiales que aparecen en planillas pese a que sus escuelas permanecieron cerradas.
550 días perdidos en tres años: ¿una generación sacrificada?
En paralelo al debate salarial, crece la preocupación por el estado real del sistema educativo panameño. De acuerdo con cifras oficiales, se han perdido más de 550 días de clases en los últimos tres años. En este trimestre, los estudiantes apenas han recibido dos semanas y media de clases efectivas.
“Esto es un crimen contra la niñez panameña. Nadie habla de los estudiantes. Todos están preocupados por salarios, por derechos gremiales, pero ¿quién defiende el derecho de aprender?”, se preguntó Flores.
El contralor no descartó que estos vacíos educativos se reflejen pronto en los resultados de las pruebas de admisión universitarias y en el rendimiento general de toda una generación que crece sin una educación sólida y estable.
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¿Dónde están los millones en capacitación docente?
Paralelamente, la Contraloría anunció que ha iniciado una investigación sobre el destino de entre 14 y 15 millones de dólares asignados en los últimos tres años para programas de capacitación docente.
“No estamos acusando a nadie, pero es nuestra responsabilidad auditar el uso de esos fondos. Son recursos del Estado y queremos saber si se usaron correctamente”, afirmó.
Las auditorías a esos fondos se han ralentizado debido al desvío de personal hacia las inspecciones en escuelas, pero Flores aseguró que el proceso continuará.
Aumentos sin resultados
Una de las afirmaciones más duras del contralor fue su cuestionamiento sobre el rendimiento del sector educativo, pese a los incrementos salariales.
“En los últimos 10 años, los docentes han recibido un aumento acumulado del 96%. ¿Alguien ha visto reflejado eso en la calidad de la educación en Panamá? Yo creo que no”, sentenció.
Y agregó: “Todos los años se repite el mismo libreto: paro, huelga, exigencias. Y los únicos que pierden son los niños. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el país sea rehén de un pequeño grupo sindicalizado que cada año paraliza el sistema educativo?”.
Un país atrapado en un conflicto crónico
Con más de 30 mil docentes fuera de planilla en la próxima quincena, cientos de escuelas cerradas y estudiantes sin acceso a clases regulares, Panamá enfrenta una de las peores crisis educativas de las últimas décadas.
Mientras los gremios defienden su postura y denuncian persecución laboral, desde el gobierno la narrativa es otra: una defensa del erario público y de los derechos vulnerados de los estudiantes, quienes ven cómo se esfuma su derecho a una educación digna, gratuita y continua.
El país entero observa, en medio de un conflicto que ya no es coyuntural, sino estructural. El costo final de esta batalla no se mide en quincenas sin cobrar, sino en futuro perdido de los estudiantes del sector oficial del país.
