El presupuesto general del Estado estaba desfinanciado. Un ciudadano presentó una demanda de inconstitucionalidad, argumentando que esa situación violaba la Constitución. La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional ese presupuesto y, con esa sentencia, se establecieron principios clave de disciplina fiscal.
Durante el gobierno del presidente Funes, la Sala emitió sentencias incómodas para el oficialismo. En respuesta, la Asamblea Legislativa eligió anticipadamente magistrados de la Corte Suprema, lo que implicaba trasladar a uno de los magistrados de la Sala. Un ciudadano presentó una demanda alegando que una misma legislatura no podía elegir dos veces a magistrados de la Corte. La Sala estimó la demanda, protegiendo así la independencia judicial y la separación de poderes.
La Asamblea Legislativa intentó reformar la Constitución. Esperaron a que pasaran las elecciones legislativas y luego aprobaron el acuerdo de reforma en primera legislatura. Un ciudadano demandó, señalando que, al evitar incluir la reforma como tema electoral, los partidos burlaban la voluntad popular. La Sala declaró inconstitucional la reforma, resguardando el principio de soberanía popular en el proceso de reforma constitucional.
Durante el gobierno del presidente Saca, se impulsó una “solución creativa” para financiar al Estado con fondos de pensiones, mediante una ley que obligaba a destinar parte de esos ahorros al gobierno. Un ciudadano advirtió que la tasa de interés que se pagaba por ese dinero era desproporcionadamente baja, afectando los ahorros de los trabajadores. Presentó una demanda que fue estimada por la Sala, lo que obligó al Estado a reformar el sistema para proteger los fondos de los trabajadores.
Enrique Anaya Barraza es ese ciudadano al que El Salvador le debe tanto. Es uno de los constitucionalistas más importantes del país. En los últimos años ha sido una de las pocas voces que, con rigor jurídico, han defendido la Constitución frente a amenazas como la reelección presidencial, la destitución de magistrados o el régimen de excepción que rige desde hace más de tres años.
La Constitución es una madre sola. Muchos abogados la violaron. La mayoría se escondió y la abandonó. Enrique es de los pocos hijos que se quedó defendiéndola, aun en las condiciones más adversas.
Enrique utilizó las herramientas del Derecho para promover un país más republicano y democrático. Pero hoy El Salvador ya no es ni una república ni una democracia. Enrique es víctima de un sistema sin separación de poderes, sin independencia judicial y sin Estado de derecho.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado profunda preocupación por la captura de Enrique. El Comité Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, desde su sede central en México, ha exigido su inmediata liberación y el fin de la criminalización de la defensa de los derechos fundamentales.
Desde el Centro de Estudios Jurídicos nos unimos a ese llamado. Particularmente, exigimos que se garantice su integridad, salud y vida, ya que su condición de salud es delicada. Enrique defendió con firmeza los derechos humanos y constitucionales de muchos salvadoreños, a pesar de sus propias dolencias. Hoy nos corresponde a nosotros exigir que los derechos de este destacado miembro del Centro de Estudios Jurídicos también sean respetados.
