Familiares de ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos y actualmente detenidos en el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT) regresaron a su país sin tener respuestas sobre la situación jurídica y migratoria de sus parientes.
A través del Movimiento Tachirenses Deportados, varias familias han iniciado acciones legales y diplomáticas con la esperanza de lograr visitas, pruebas de vida y la eventual liberación de sus seres queridos. Por ello estuvieron en El Salvador entre el 10 y el 13 de junio, pero no lograron ver a sus compatriotas.
Uno de los casos que ha generado mayor visibilidad es el de Josneyder Agelviz Sanguino, de 24 años, quien ingresó a Estados Unidos el 19 de septiembre de 2024 como refugiado por reasentamiento a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Según relató su tía, Johanna Sanguino, “al ingresar al aeropuerto de Houston fue detenido por los agentes de ICE bajo investigación”, debido a un tatuaje que portaba en el antebrazo. Las autoridades lo asociaron sin pruebas concluyentes con el grupo delictivo conocido como Tren de Aragua.
Pese a encontrarse en un proceso activo de solicitud de asilo, Sanguino fue deportado seis meses después y acabó en la megacárcel de El Salvador.
La última vez que tuvimos comunicación con él fue el 13 de marzo, donde él manifestó que iba a ser trasladado de centro penitenciario, no deportado”, afirmó su tía.
La confirmación oficial de su deportación llegó el 20 de marzo, cuando ya se encontraba en El Salvador.
Ante la incertidumbre, la familia emprendió una campaña de búsqueda que rápidamente escaló de medios locales en Colombia hasta canales internacionales. “Empezó esta lucha constante y esta fe inquebrantable de que pronto estaría en libertad”, expresó Johanna Sanguino.
Presentaron escritos en El Salvador
En paralelo, el Movimiento Tachirenses Deportados organizó una visita a El Salvador entre el 10 y el 13 de junio. Participaron representantes legales, defensores de derechos humanos y familiares, entre ellos la propia Johanna Sanguino, en calidad de directora general del comité. El grupo presentó solicitudes formales ante diversas instituciones, incluyendo la Dirección General de Centros Penales, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Nunciatura Apostólica.
“Se solicitó la admisión de visitas a los familiares y la comunicación constante con los detenidos”, explicó el comité, fundamentando sus demandas en la Ley Penitenciaria salvadoreña y artículos de la Constitución salvadoreña. Aunque todas las solicitudes fueron recibidas de manera respetuosa, aún no se ha emitido una respuesta oficial.
Las acciones buscan beneficiar no solo a los seis casos directamente representados por el comité, sino a los 252 venezolanos actualmente detenidos.
Esta lucha servirá de precedente para todos”, afirmaron sus integrantes.
También solicitaron la intervención del monseñor Luigi Roberto Cona, nuncio apostólico en El Salvador, con la esperanza de que la Iglesia Católica pueda mediar ante instancias superiores.
En un mensaje dirigido a otras familias en situaciones similares, el comité expresó: “Sabemos que la espera es larga, dolorosa, pero les pedimos que sigan trabajando en unión, amor y disciplina… no están solos”.
Mientras tanto, familiares como Johanna Sanguino siguen esperando una respuesta y mantienen su clamor: que se garantice el debido proceso y se respeten los derechos humanos de sus seres queridos.
