Los esfuerzos del Ing. Arturo Araujo para aliviar la crisis financiera que heredó de los gobiernos anteriores no dieron resultado y la falta de pago de los compromisos estatales continuaba, pareciéndole entonces que la solución era contratar un empréstito. Acudió a la Asamblea Legislativa para que se le autorizara negociarlo en los EUA. Se dieron voces en contra, entre ellos de Alberto Masferrer, que era diputado araujista; pero tonterías dijeron el resto de sus colegas, accediéndose a lo pedido en la sesión del 9 de junio de 1931.
Joaquín Castro Canizalez (Quino Caso) relató lo que sucedió entonces: “ese día el estudiantado lanzó un manifiesto incitando al pueblo a vestir de luto. Al día siguiente todo el mundo circulaba en SS vestido de negro o llevando algún distintivo de duelo, incluyendo los empleados del Palacio Nacional y hasta las mecanógrafas de la Asamblea Legislativa. Se organizó una manifestación, pelotones de la Policía y la Guardia Nacional se les enfrentaron, rompiéndole la cabeza a culatazos al estudiante de Ingeniería Jaime Dreyfus. Se decretó el Estado de Sitio y ese fue el principio del fin”. Y bien que lo sabía Quino Caso, pues él fue de los golpistas de diciembre de 1931 y Araujo dejó de ser Presidente de la República.
Casi 30 años después, en septiembre de 1959, también “las fuerzas del orden” le rompieron la cabeza a golpes al rector de la UES, el Dr. Napoleón Rodríguez Ruiz, y al Fiscal Dr. Roberto Emilio Cuéllar Milla, además de muchos estudiantes, entre ellos al de Derecho Romeo Herrera Padilla, llegando de huéspedes al Hospital Rosales. Falleció Mauricio Esquivel Salguero. Las acciones de fuerza no solidificaron al gobierno y Lemus dejó de ser Presidente de la República. De lo dicho en este párrafo y en el anterior, vemos que en ocasiones los victimarios resultan a la larga más dañados que las víctimas.
La rebeldía contra una nueva deuda venía de recordar las cláusulas lesivas del empréstito de 1922, que si bien tenía un fin bueno: la pavimentación de San Salvador (los zapatos de asfalto, como escribió Geoffroy Rivas para Santa Ana); pero la práctica de los banqueros estadounidenses de nombrar un interventor en las aduanas golpeaba el sentimiento nacionalista, pues en ese año citado se garantizó con primera hipoteca los impuestos aduanales tanto de importación como de exportación, cubriéndose por parte del gobierno salvadoreño los gastos de sostenimiento de la Oficina de Fiscalización, que era la oficina interventora de los poseedores de bonos. Ahora las condiciones para garantizar el pago ya no son tan burdas; pero se parecen: tienes que emitir tal y cual ley, tienes que hacer esto y dejar de hacer aquello.
Lo escrito son datos ciertos de nuestra historia, no cuentos de camino real, como que Maximiliano Hernández Martínez pagó hasta el último centavo de la deuda, porque para él la deuda pública era detestable. En el informe sobre la Hacienda Pública al 30 de junio de 1973 aparece como saldo deudor del empréstito de 1922 la cantidad de $2,118,415, y en libras esterlinas traducido a dólares de EUA, $32,601. Veintinueve años después de la caída del llamado Brujo de San Matías, los números oficiales muestran que los que afirman que “limpió” la deuda pública son cautivos de la mentira. Agreguemos que en 1942 contrajo un empréstito con el Eximbank de EUA (ver mi artículo del 2 de abril de 2019 para complementar lo dicho).
