El ciudadano Manuel Antonio Romero, de 49 años, habría sido detenido por agentes al servicio de la dictadura sandinista el 7 de febrero en el municipio de El Cuá, Jinotega, según denunció la dirigencia del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL) desde el exilio el viernes, 13 de febrero.
“Demandamos prueba de vida y la inmediatamente liberación de Manuel Antonio Romero, miembro de nuestra organización en el municipio de El Cuá, detenido arbitrariamente por el sandinismo“, declaró la organización por medio de sus perfiles oficiales.
“Está en estado de desaparición forzada. Demandamos su inmediata prueba de vida y libertad“, dijo la activista nicaragüense en el exilio, Haydée Castillo, al divulgar la denuncia.
Dos días antes de ser detenido, Romero había llegado a Nicaragua en un vuelo de deportación desde los Estados Unidos. Romero estaba establecido en Tennessee y habiá solicitado refugio ante la autoridad estadounidense, pero al ser detenido por una infracción de tránsito fue sometido a un proceso de deportación.
Una vez deportado, Romero regresó a su residencia en El Cuá el 5 de febrero. Dos días después fue sujeto de un operativo policial, acusado de haber participado en las protestas masivas de abril de 2018 y llevado a un centro penal. A eso del 10 de febrero, se le perdió la pista y ahora figura como desaparecido.
En Nicaragua, Romero trabajó como promotor ambiental de la alcaldía de El Cuá, cuando en esta gobernaba CxL. El partido fue ilegalizado por el régimen sandinista el 6 de agosto de 2021 y la alcaldía fue intervenida en 2022, año en que Romero dejó el país para salvaguardar su integridad física.
El liderazgo de CxL reconoce a Romero como preso político de la dictadura y su caso se suma al de 62 presos políticos reconocidos por el Mecanismo de Reconocimiento de Presos Políticos de Nicaragua.
Su deportación se enmarca en la campaña de deportaciones masivas emprendida por el presidente Donald Trump, quien ha endurecido las políticas migratorias de los Estados Unidos y ha llevado a la salida, voluntaria o forzosa, de cerca de 2 millones de migrantes en el último año, según datos oficiales.
