El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este martes una resolución de seguimiento sobre la crisis en Nicaragua, condenando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Nicaragua, tanto dentro como fuera de su territorio, y señala que varias de estas acciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El texto aprobado expresa profunda preocupación por “la persistencia de la grave situación de los derechos humanos e impunidad, así como el deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua“, y nota el trabajo de documentación realizado por distintos organismos.
La OEA reconoció el trabajo del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), ambas de Naciones Unidas; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La resolución señaló particularmente alarmante al último informe del GHREN, presentado en septiembre de 2025, que documenta “acciones de hostigamiento, persecución y atentados contra la vida que se extienden más allá de las fronteras terrestres de Nicaragua; incluso a través de la instrumentalización de los mecanismos internacionales de cooperación“.
El informe señala que Nicaragua ha hecho uso indebido de las notificaciones rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la difusión de alertas falsas sobre documentos de viaje y la manipulación de las normativas sobre cumplimiento financiero.
El Consejo Permanente decidió en consecuencia “condenar las graves violaciones y abusos cometidos por las autoridades nicaragüenses en contra de los derechos de las personas, tanto dentro del país como en el extranjero”, citando instancias de:
- el exilio forzado, la expatriación;
- el impedimento de reunificación familiar,
- la prohibición de entrada al propio país,
- la denegación de emisión o renovación de pasaportes y eliminación de documentos oficiales;
- la tortura o tratos crueles,
- la desaparición forzada,
- la detención arbitraria, incautación injusta y confiscación de activos, incluyendo propiedades y cotizaciones previsionales;
- la eliminación de registros oficiales asociados a la identidad;
- vigilancia, amenazas, hostigamiento y atentados contra la vida e integridad de centenares de nicaragüenses;
Todas estas ofensas, registradas desde el estallido social de 2018, podrían constituir instancias de crímenes de lesa humanidad, según el GHREN.
Además, la OEA deploró las nuevas leyes y normativas impulsadas por la dictadura, sobre todo la reforma a la constitución entre finales de 2024 y principios de 2025, un conjunto de medidas que “profundizan la restricción de la libertad de expresión” y han eliminado “las disposiciones que prohíben la tortura y las referencias al respeto a la dignidad de la persona humana como principio de la nación“.
Nicaragua se había retirado de la OEA en noviembre de 2023, pero los Estados miembro insistieron en dar seguimiento a la crisis. En tanto, la OEA nota que “el Estado de Nicaragua no ha mostrado disposición de colaborar, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral, con el fin de abordar la grave situación institucional y de derechos humanos“.
A pesar de ello, el Consejo Permanente reitera que su disposición “a dialogar de manera constructiva con el Estado de Nicaragua” persiste y hace un llamado expreso a que las autoridades retornen a la organización, en cumplimiento de los principios de la Carta Democrática Interamericana.
Entre otras peticiones, la resolución urge al Estado nicaragüense a:
- Poner fin a las violaciones a los derechos humanos y proceder a la “liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, y de aquellas injustamente sujetas a arresto domiciliario”.
- Recuperar “los controles, balances e independencia de poderes, propias de un Estado de derecho y una democracia”.
- Restablecer el espacio cívico, poner fin a las represalias y garantizar el pleno respeto de las libertades contempladas en la Convención Americana.
- Adoptar acciones efectivas para garantizar verdad, justicia, reparación y el fin de la impunidad.
La resolución fue aprobada en el marco de la sesión ordinaria del Consejo Permanente celebrada el 4 de febrero de 2026. A pesar de que organizaciones opositoras habían solicitado a la OEA declarar al régimen de Ortega ilegítima, al no reconocer este organismo la elección de 2021, la OEA no cuestionó al régimen en esos términos.
