Las vasta extensión de terreno que la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó expropiar a través de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) el 8 de septiembre serán dedicadas a un proyecto de construcción ligado a la empresa china Iconic Technology Company Limited (CHINAICTC).
Así figura en el Acuerdo Administrativo 01-2025 de la PGJ, publicado en La Gaceta, diario oficial del Estado nicaragüense. Según el decreto, las propiedades quedan bajo control de la Empresa Portuaria Nicaragüense (EPN) para la ampliación del Centro Logístico Julia Herrera de Pomares.
CHINAICTC proveyó el capital, un préstamo aprobado por la dictadura el 10 de julio, ascendiendo a 126.6 millones de dólares.
El centro logístico fue inaugurado el 2 de diciembre de 2024 por el hijo de Ortega y Murillo, Laureano, en El Realejo, municipio de Chinandega. El proyecto contó con financiamiento parcial del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 10% de la inversión de 184.6 millones de dólares.
Ahora se contempla la construcción de un centro administrativo y otras instalaciones, incluyendo patios de contenedores, dos almacenes inteligentes con controles de aclimatación y una estación de carga-descarga. Se añade además una zona franca integral y una zona de libre comercio.
Esto en una extensión de 22 hectáreas que se añaden a las 10 hectáreas ya dedicadas al proyecto original. La dictadura expropió 176 hectáreas, por lo que solamente el 12.5% de las propiedades tomadas por la dictadura en Chinandega serán destinadas a este proyecto.
Los propietarios de las tierras robadas por el régimen, de acuerdo con la Ley de Expropiación somocista de 1976, tienen el derecho de negociar el precio que recibirán a modo de indemnización, pero no pude detener el proceso de expropiación y, de no llegarse a un acuerdo, serán objeto de un juicio civil.
